Los resultados de Quillabamba confirman que solo cuando la población se moviliza, el gobierno accede a sus demandas. Veamos qué se ha obtenido en esta negociación y las condiciones para que ello se cumpla.
Primero está la planta de fraccionamiento de líquidos del gas, que se debe construir en Kepashiato. La planta tiene como objetivo la producción de GLP (balones de gas), diesel y naftas y será financiada por el gobierno central, el gobierno regional y la municipalidad de Echarate. El costo sería de US$ 25 millones.
Aquí lo importante es el desarrollo del mercado de GLP en la Región Cusco y otras regiones vecinas. Para ello, es importante que exista infraestructura de transporte de primera calidad para llegar a Quillabamba y al Cusco, lo que se logra con una buena carretera y el reacondicionamiento del ferrocarril.
Dicho de otra manera, la planta debe estar enmarcada en un Plan de Desarrollo Regional y Macrorregional, que permita el abaratamiento de los balones de gas y, además, proveer de energía a la Región, que ahora mirará mucho a Brasil pues pronto estará lista la Interoceánica .Pero de esto no se ha hablado.
El segundo tema es el santuario de Megantoni, que iba a ser atravesado por un nuevo gasoducto a Lima. Aquí se ha nombrado a dos representantes de la zona para que “monitoreen” el Estudio de Impacto Ambiental.
El tercer tema, de lejos el más importante, es la promesa del premier Velásquez Quesquén que no se exportará gas del Lote 88, que se reservará en su totalidad para el mercado interno. Muy bien. Un paso adelante.
Para que esto se materialice y no sea “una mecida más”, se tiene que modificar el contrato suscrito entre, de un lado, Perupetro (por el Estado) y, de otro, los socios del Consorcio Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil, Repsol, SK, Sonatrach y Tecpetrol). Hay que decirlo claramente: los anuncios unilaterales del gobierno no modifican el contrato. Este solo se modifica cuando las dos partes se ponen de acuerdo.
Aquí hay varias preguntas. La primera es, ¿querrá el Consorcio modificar el contrato? Ese es el tema de fondo por lo siguiente: ¿Quién es el dueño del recurso natural una vez extraído éste del subsuelo? ¿El Estado o los contratistas? La respuesta: la Ley 26221 de 1993 establece claramente que los dueños son los contratistas. Es por eso que deciden qué hacen y qué no hacen con los recursos naturales (1).
En este caso, sin embargo, el gobierno podría contar con una “ayuda”: sucede que en el consorcio Camisea existen discrepancias. Están a favor de exportar los que forman parte del consorcio exportador Peru LNG: Hunt Oil, SK y Repsol. No son de la misma idea Pluspetrol, Sonatrach y Tecpetrol, que no participan de la exportación y “sienten directamente” esos menores precios. Dicho de otra manera, si el gas del Lote 88 se vende en el mercado interno, reciben un mejor precio.
Finalmente, la negociación de la adenda al contrato del Lote 88 debe materializarse a la brevedad. La “promesa” de que no se exportará el gas del Lote 88 por 5 años es una “mecida”, porque aunque eso suceda, las reservas seguirán inmovilizadas y no se podrán usar para el mercado interno, sobre todo, para el gasoducto andino.
Para terminar, si bien la negociación es un “paso adelante” que permite avanzar hacia la recuperación de los recursos naturales, queda claramente demostrado que en el Perú no hay política energética de Estado y que este sector es la “chacra” de las empresas. Una verdadera política energética debe establecer la matriz energética que el país requiere y priorizar el abastecimiento seguro y confiable del mercado interno. Lo de Quillabamba, si se consolida, es solo el primer paso hacia ese objetivo, lo que necesita, obviamente, una dirección y un compromiso político nacional serio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario