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sábado, 21 de agosto de 2010

¿Es la hora de los juristas en el gas de camisea?: La importancia de la renegociación del Lote 88

Por Humberto Campodónico



Ayer dijimos que el DS-053-2010-EM era clave pues ponía en el centro de la discusión política nacional que las reservas del Lote 88 debían ser para el mercado interno y no para la exportación, en la medida que provienen de “regalos de Dios” que dejó la Shell. También porque la renegociación del contrato del Lote 88 en el 2006 fue ilegal. Y porque la soberanía nacional sobre los recursos naturales y la garantía del suministro de energía en el largo plazo no son negociables.

Estos argumentos ya han ganado “ciudadanía”. Hoy, debido a la movilización y al apoyo de algunos medios de comunicación (entre ellos, La República), analistas, colegios profesionales, universidades, gobiernos regionales, locales y otros estamentos de la sociedad civil, la mayoría de la población ya sabe que la exportación de Camisea le afecta directamente y, por ello, la rechaza.

Pero hay que seguir avanzando pues se están ganando batallas, pero aún no la guerra. Y para eso, entre otros elementos, se necesita que destacados constitucionalistas y juristas analicen los instrumentos legales que permitan la recuperación de las reservas naturales. Los técnicos, los políticos y los economistas han cumplido un importantísimo rol en todo este proceso. Pero ahora más que nunca se requiere apoyo legal. O sea, zapatero a tus zapatos.

Así, sería importante que los juristas se pronuncien sobre el contrato celebrado entre Transportadora de Gas del Perú (TGP) y el gobierno, que en su Cláusula 9.6 establece que TGP solo puede transportar gas del Lote 88 por un plazo de 10 años a partir de la operación comercial (2004). Como el consorcio exportador Perú LNG va a exportar gas del Lote 56, ¿puede o no TGP transportarlo?

El estudio Payet, Rey y Cauvi, ante una consulta de Osinergmin, contestó que esto no era posible. Frente a esto, el Ministerio de Energía y Minas recurrió a otro estudio de abogados, que argumentó lo contrario. ¿Qué opinan frente a esto los juristas?

Otro ejemplo: los accionistas mayoritarios del consorcio Camisea (Hunt Oil, Repsol y SK), dueño de los Lotes 88 y 56, son también mayoritarios en el consorcio exportador Perú LNG. Esto quiere decir que las utilidades de esos lotes han financiado el proyecto exportador. Por lo tanto, ambos proyectos están vinculados y la Sunat debiera considerarlos como uno solo.

Pero no es eso lo que sucede. Para los fines tributarios se considera a Perú LNG como independiente (lo que sería el caso si es que fuera una empresa nueva, distinta a las que explotan el Lote 88 y el Lote 56). Esto no es correcto. Pero la argumentación, legal y sólida corresponde a la Sunat y los tributaristas. Al término de la distancia.

Otrosí: si los proyectos están vinculados, entonces no se puede considerar que la rentabilidad de Perú LNG depende únicamente de la exportación de gas, ya que –como socios mayoritarios del Lote 88– también venden gas en el mercado interno y, sobre todo, los líquidos del Lote 88 y 56 que representan el 80% de los ingresos. Si esto es así, entonces el precio de venta en boca de pozo en Camisea no debiera ser el Henry Hub menos los costos incurridos (el “netback”, que es la causa del precio vil de la exportación y, por tanto, de las regalías), sino que ese precio debiera estar en función de la rentabilidad de todo el proyecto. Por tanto, este sería mucho más alto.

Estos elementos legales ayudarán –a partir de los logros ya obtenidos, como el DS-053-2010– a empujar el carro de una renegociación exitosa, de un lado, impidiendo que el actual gobierno vuelva a las “mecidas” y se la “patee” al próximo gobierno y, de otro, desbaratando los argumentos de Perú LNG y sus lobbies, que ya comenzaron la campaña mediática para que se respete la “santidad de los contratos”.

Ojo, no olvidemos que la Constitución de Fujimori de 1993 blinda los contratos-ley (Art. 62), lo que implica tener los mejores elementos jurídicos para ganar la batalla legal en los tribunales internacionales, si esto fuera necesario. Hay, hermanos abogados, muchísimo que hacer.

viernes, 13 de agosto de 2010

Derecho y País: ¿Una bendición merecida, pero inaudita maldición e...

Derecho y País: ¿Una bendición merecida, pero inaudita maldición e...: "Por: Por Walter Chamochumbi El Perú por las condiciones excepcionales de su variada y compleja ecogeografía goza del privilegio de ser un..."

¿Una bendición merecida, pero inaudita maldición en manos de sus gobernantes? :La abundancia de recursos naturales en el Perú

Por: Por Walter Chamochumbi


El Perú por las condiciones excepcionales de su variada y compleja ecogeografía goza del privilegio de ser un país, como pocos en el mundo, megadiverso. Pero no obstante la enorme riqueza en recursos naturales que posee, lejos de ser una gran oportunidad para haber logrado su ansiado crecimiento económico y salir del subdesarrollo, en más de 180 años que tiene como república independiente, esto no ha sido así. Por el contrario, al decir de algunos sesudos economistas, pareciera ser que su gran riqueza natural más que una bendición le hubiera representado una extraña maldición.


Al constatar la abundancia y variedad de recursos naturales que posee el Perú, resulta lógico pensar en que es una bendición merecida para el estoico pueblo peruano. Pero, lamentablemente, en manos de sus gobernantes, al no haberlos aprovechado con criterios de uso sostenible, parecieran volverse una inaudita maldición. Y es que desde el inicio del periodo republicano, las políticas económicas de los gobiernos -en general- han mal influido en la explotación intensiva (e irracional) de sus recursos naturales, supeditados siempre a factores de orden externo (los relativos al mercado). En realidad esa ha sido la verdadera maldición, ya que siendo un país con importantes reservas en recursos no renovables (minerales, petróleo y gas), e inversiones considerables en proyectos extractivos de estos recursos, además de sus no menos valiosos recursos renovables, sigue siendo un país pobre cuyos niveles de pobreza actual bordean el 50% de su población nacional, sin que hasta hoy se hayan realizado las grandes reformas estructurales para superar su pobreza y relativo desarrollo.

¿Cuál ha sido entonces el aporte real de estos proyectos extractivos de recursos naturales en términos de crecimiento económico, desarrollo y mejora de calidad de vida del pueblo peruano? ¿Qué razones explican esta “maldición de los recursos naturales” en el caso de países como el Perú? ¿En qué medida su tendencia histórica de aplicar un modelo exportador primario le ha significado reales beneficios en desarrollo económico, social y ambiental? Al respecto encontramos que para economistas como Joseph Stiglitz 9, existen tres razones principales que pueden explicar en parte las interrogantes formuladas:

- Las enormes expectativas de beneficio que se derivan de la explotación de recursos como petróleo, minerales o gas, y que al parecer orientan a los dirigentes políticos y empresariales hacia objetivos perversos. (Suponemos que impera la racionalidad económica global, cuyos efectos más negativos devienen de lo que se llama la racionalidad del “capitalismo salvaje”);

- Los recursos naturales están sujetos a precios altamente volátiles y determinados en los mercados financieros internacionales, que pueden entrar en crisis repentinas de graves consecuencias para los países más pobres. (Es el caso del precio de los minerales que hoy cuentan con una coyuntura favorable en el mercado internacional pero que luego podría variar); y

- Los recursos naturales están sometidos a la conocida teoría de la “enfermedad holandesa”. Es decir, cuando se da la existencia de un sector importante dedicado a la explotación de los recursos naturales, que surge, por ejemplo, de una situación favorable en los precios internacionales, afectando la distribución del empleo en la economía entre los sectores de bienes comercializables y no comercializables. Esta reasignación del trabajo puede reducir notablemente la tasa de crecimiento económico de un país, en lugar de estimularla.

Al respecto diversos autores señalan otras consideraciones. Por ejemplo, con relación a las implicancias del modelo exportador primario que caracteriza la tendencia histórica de los países en la región. Según Jürgen Schuldt “Todas las evidencias históricas señalan en la misma dirección: a la larga, la exportación de materias primas no renovables tiende a "desarrollar el subdesarrollo" en nuestros países. Y esto no es culpa del imperialismo, ni del hecho que poseamos ingentes riquezas naturales, ni de las empresas mineras. El problema radica casi exclusivamente en nuestros gobiernos, en nuestros empresarios y en nosotros mismos, como académicos o como ciudadanos. Porque no hemos sido capaces de idear las políticas económicas y las reformas legal-estructurales requeridas, ni de conformar las alianzas y consensos necesarios, para aprovechar nuestras enormes potencialidades -al margen incluso de los auges temporales de la primario/exportación- para asegurar la transición de nuestra economía hacia la autodependencia, la integración nacional y la ampliación del mercado interno.”
En efecto, la debilidad de las instituciones, la mayor corrupción y la menor voluntad política y compromiso democrático de los gobiernos, el centralismo, la no planificación del desarrollo a largo plazo y si las políticas de corto plazo y de corte populista, la mayor inequidad en la distribución del ingreso, la exclusión social y la poca transparencia pública con las organizaciones de la sociedad civil, son situaciones recurrentes que devienen de la pobre condición ideológica y política de la clase gobernante que hemos tenido en el país por décadas, antes que de la simple riqueza natural que este posee. No es pues el simple determinismo económico de los países ricos en recursos naturales lo que puede explicar su pobre desempeño económico y escaso desarrollo, sino la falta de una clase política comprometida con los grandes intereses nacionales para liderar las reformas estructurales necesarias -por décadas postergadas- del estado peruano.

¿Es posible entonces lograr el crecimiento económico y un mayor desarrollo y mejora de calidad vida, con un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales? Si, aunque difícil respuesta cuando entran en juego una serie de variables a considerar. No obstante, se conoce que existen experiencias de países, que de forma contraria a lo que sugiere la hipótesis de la maldición de los recursos, sus riquezas naturales no les ha sido un obstáculo para lograr su crecimiento y desarrollo. La cuestión es estudiar estas experiencias, evaluarlas y recrearlas para aplicarlas en cada caso país, como pudiera ser en la realidad peruana: “…estudiemos la historia económica y sociopolítica de países ricos en recursos naturales, que lo lograron a fines del siglo XIX y principios del XX, como Australia, Canadá, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda y Suecia. O, como lo vienen intentando por diversas vías y aparentemente con buen éxito, durante las últimas décadas, países como Costa Rica, Malasia, Mauricio y Botswana…” (Op cit de Jürgen Schuldt, 2004).El asunto, además, es tener claro que no se trata de un problema en estricto técnico, ya que el tema sustantivo es antes político para luego asumir las decisiones más convenientes respecto al modelo de desarrollo a seguir y los lineamientos económicos, sociales y ambientales que se desprendan de ello.

Resulta pues a todas luces inconveniente seguir pensando, frente al problema-posibilidad de desarrollo país, que nuestra gran riqueza natural sea –a su vez- nuestro mayor obstáculo para salir de la pobreza. Por el contrario, es imperativo realizar un giro político estratégico para aprovechar la gran potencialidad natural y las enormes oportunidades que ello le puede permitir al Perú en proyección al mercado global.

El reto será armonizar nuestra visión de desarrollo con las distintas actividades productivas, las potencialidades naturales y su capacidad de soporte, y las necesidades sociales como parte de un proceso concertado y descentralizado de planificación integral territorial para alcanzar el desarrollo humano sostenible. En tal sentido, el punto de quiebre radicará en entender que la planificación, vista como un proceso participativo, concertado, descentralizado e inclusivo, será la base del futuro desarrollo nacional.

miércoles, 11 de agosto de 2010

¿Es eficiente renogociar el contrato del lote 88 del gas de Kamisea?: Cuando no existe una correcta política de gestión de recursos naturales

Por Humberto Campodónico


Los resultados de Quillabamba confirman que solo cuando la población se moviliza, el gobierno accede a sus demandas. Veamos qué se ha obtenido en esta negociación y las condiciones para que ello se cumpla.

Primero está la planta de fraccionamiento de líquidos del gas, que se debe construir en Kepashiato. La planta tiene como objetivo la producción de GLP (balones de gas), diesel y naftas y será financiada por el gobierno central, el gobierno regional y la municipalidad de Echarate. El costo sería de US$ 25 millones.

Aquí lo importante es el desarrollo del mercado de GLP en la Región Cusco y otras regiones vecinas. Para ello, es importante que exista infraestructura de transporte de primera calidad para llegar a Quillabamba y al Cusco, lo que se logra con una buena carretera y el reacondicionamiento del ferrocarril.

Dicho de otra manera, la planta debe estar enmarcada en un Plan de Desarrollo Regional y Macrorregional, que permita el abaratamiento de los balones de gas y, además, proveer de energía a la Región, que ahora mirará mucho a Brasil pues pronto estará lista la Interoceánica .Pero de esto no se ha hablado.

El segundo tema es el santuario de Megantoni, que iba a ser atravesado por un nuevo gasoducto a Lima. Aquí se ha nombrado a dos representantes de la zona para que “monitoreen” el Estudio de Impacto Ambiental.

El tercer tema, de lejos el más importante, es la promesa del premier Velásquez Quesquén que no se exportará gas del Lote 88, que se reservará en su totalidad para el mercado interno. Muy bien. Un paso adelante.

Para que esto se materialice y no sea “una mecida más”, se tiene que modificar el contrato suscrito entre, de un lado, Perupetro (por el Estado) y, de otro, los socios del Consorcio Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil, Repsol, SK, Sonatrach y Tecpetrol). Hay que decirlo claramente: los anuncios unilaterales del gobierno no modifican el contrato. Este solo se modifica cuando las dos partes se ponen de acuerdo.

Aquí hay varias preguntas. La primera es, ¿querrá el Consorcio modificar el contrato? Ese es el tema de fondo por lo siguiente: ¿Quién es el dueño del recurso natural una vez extraído éste del subsuelo? ¿El Estado o los contratistas? La respuesta: la Ley 26221 de 1993 establece claramente que los dueños son los contratistas. Es por eso que deciden qué hacen y qué no hacen con los recursos naturales (1).

En este caso, sin embargo, el gobierno podría contar con una “ayuda”: sucede que en el consorcio Camisea existen discrepancias. Están a favor de exportar los que forman parte del consorcio exportador Peru LNG: Hunt Oil, SK y Repsol. No son de la misma idea Pluspetrol, Sonatrach y Tecpetrol, que no participan de la exportación y “sienten directamente” esos menores precios. Dicho de otra manera, si el gas del Lote 88 se vende en el mercado interno, reciben un mejor precio.

Finalmente, la negociación de la adenda al contrato del Lote 88 debe materializarse a la brevedad. La “promesa” de que no se exportará el gas del Lote 88 por 5 años es una “mecida”, porque aunque eso suceda, las reservas seguirán inmovilizadas y no se podrán usar para el mercado interno, sobre todo, para el gasoducto andino.

Para terminar, si bien la negociación es un “paso adelante” que permite avanzar hacia la recuperación de los recursos naturales, queda claramente demostrado que en el Perú no hay política energética de Estado y que este sector es la “chacra” de las empresas. Una verdadera política energética debe establecer la matriz energética que el país requiere y priorizar el abastecimiento seguro y confiable del mercado interno. Lo de Quillabamba, si se consolida, es solo el primer paso hacia ese objetivo, lo que necesita, obviamente, una dirección y un compromiso político nacional serio.

martes, 10 de agosto de 2010

¿Qué relación existe entre los recursos naturales y la calidad de la vida?

Por: José I. Távara
Profesor PUCP.
En un notable comunicado publicado en La República el 19/7/2010, el Grupo Basadre llama la atención sobre la forma irresponsable y desordenada como se vienen explotando nuestros recursos naturales. La contaminación de diversas cuencas con relaves mineros, la exportación injustificada del gas, el debilitamiento del sistema de fiscalización ambiental en minería y energía, la falta de transparencia sobre las concesiones en la Amazonía y la concentración excesiva de las tierras de cultivo, son algunas expresiones visibles de una política que parece más orientada a la protección de intereses particulares, que al interés general de la sociedad.
Una teoría con sólido sustento empírico, conocida como “la maldición de los recursos naturales”, postula que los países ricos en estos recursos pero pobres en instituciones, están condenados al subdesarrollo. La apropiación de las rentas obtenidas por las industrias extractivas, genera mecanismos que pervierten el proceso político: las autoridades ceden a la corrupción y al clientelismo, en lugar de construir instituciones sólidas y funcionales al desarrollo humano. La consecuencia es un Estado débil y un crecimiento económico inestable, sin incentivos a la innovación. Una explicación complementaria –conocida como “la enfermedad holandesa” – sostiene que al aumentar las exportaciones en base a recursos naturales, se fortalece la moneda local y se debilita el desarrollo industrial, aun si los productores locales operan con estándares tecnológicos internacionales.
Algunos países ricos en recursos naturales han superado exitosamente estos males. Para lograrlo adoptaron políticas macroeconómicas responsables y efectivas en evitar la apreciación de su moneda local, lo que hizo posible que sus empresas eficientes puedan competir, internamente y a escala global. Gravaron con mayores impuestos a las actividades causantes de “la enfermedad holandesa”, y algunos de ellos usaron estos ingresos para constituir fondos soberanos de estabilización o compensación, los cuales permitieron amortiguar el impacto de las fluctuaciones en los precios de los commodities, asegurando al mismo tiempo una mayor equidad intergeneracional. También utilizaron las rentas generadas por la explotación de recursos no renovables, en fortalecer sus sistemas de educación e innovación tecnológica y en financiar sus políticas de desarrollo productivo.
El principal obstáculo para adoptar estas medidas en el Perú es la resistencia irracional de las empresas extractivas. Los contratos de concesión suscritos por el Estado les ofrecen condiciones excesivamente generosas, lo cual se justificó con el argumento de que era necesario compensar a los inversionistas por sus percepciones de riesgo de expropiación. Pero estas condiciones son insostenibles pues limitan el desarrollo de otras actividades productivas, generan una distribución muy desigual de las rentas, y provocan el cuestionamiento social y político de los contratos, socavando su legitimidad. Esto agudiza la percepción de riesgo, dando lugar a un círculo vicioso de depredación e inseguridad.
Por ello es urgente adoptar un régimen de explotación sostenible de nuestros recursos naturales, que ofrezca condiciones atractivas a la inversión privada, y que al mismo tiempo proteja el medio ambiente y asegure una distribución racional de las rentas generadas, por ejemplo mediante la creación de un fondo similar al utilizado en otros países. Un régimen de este tipo nos libraría de la “prosperidad falaz” denunciada por Jorge Basadre, reduciría los conflictos y elevaría la calidad de vida en nuestro país.

domingo, 8 de agosto de 2010

¿Qué se entiende por la soberanía de los recursos naturales?: Una vista amplia al papel del Estado en la gestión de los recursos naturales

Por Javier Diez Canseco

La batalla por garantizar soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales comienza a ser, nuevamente, un tema en el sentido común de los pueblos y se va colocando en la agenda política nacional. Hoy, este proceso se centra en el tema del gas de Camisea, al que comienza a sumarse la reacción puneña contra la pretensión de construir la megacentral hidroeléctrica de Inambari, con serios impactos ambientales y sociales. Pero, en verdad, son parte de este proceso las luchas libradas por los pueblos amazónicos el 2008 y 2009 en defensa de sus territorios, del medio ambiente y de los recursos naturales, y la resistencia de las comunidades campesinas y productores agrarios del Ande contra las prepotentes e inconsultas concesiones mineras otorgadas por los gobiernos, que afectan el uso de las aguas, generan contaminación y destruyen proyectos agrícolas sostenibles.

En el fondo, se está planteando la necesidad de discutir un proyecto de desarrollo nacional alternativo al que impuso el fujimorismo. Vastos sectores van tomando distancia del modelo económico primario exportador que hoy predomina y buscan una alternativa de desarrollo sostenible, con soberanía sobre el manejo, el uso y el destino de nuestros recursos naturales, demandando una justa distribución de la renta que su explotación genera, pero también una adecuada protección del medioambiente, la consulta previa a los pueblos que habitan esas localidades, y el manejo de los recursos en función de los intereses nacionales y de una industrialización que nos proyecte al desarrollo.

La batalla por el gas de Camisea es hoy central. Y está en el centro de la agenda, fundamentalmente, gracias a la acción y la lucha que se libra en el macrosur, así como por la persistente labor de un puñado de profesionales (como Herrera Descalzi, Campodónico, Manco Zaconetti) y de los pocos cuadros políticos que han mantenido el tema en alto en estos años. Sin embargo, son muchos los que guardan silencio frente a lo que es una expoliación escandalosa e inaceptable.

La batalla de Camisea es clara: priorizar el uso de este recurso natural para garantizar que sirva como base de un Plan Energético Nacional y abra la posibilidad de una industria petroquímica que nos coloque en otro proyecto nacional. Se trata de atender primero al macrosur y al Perú antes que exportar, y de rechazar la inaceptable pretensión de vender el gas a precio de huevo y, para colmo, a un precio varias veces más barato de lo que lo pagamos los peruanos y nuestras industrias. Un absurdo sin nombre, solo explicable por el entreguismo y la ausencia de sentido nacional de los gobernantes actuales y sus predecesores.

Los frentes regionales del macrosur se han planteado una reunión a mediados de julio, junto a los de la región central del país, para planificar una acción –podría ser una huelga indefinida– que tuerza la mano del gobierno y cambie los planes entreguistas en curso. Los primeros embarques para la exportación ya salieron, apoyándose en un contrato del 2005 que el mismo García pidió se investigue y atropellando la legislación nacional. García y sus ministros deberán ser procesados por un nuevo Congreso y un nuevo gobierno por delitos de lesa nacionalidad y por atropellar la propia legislación peruana para dar continuidad a los negocios antinacionales que armaron Kuczynski y Quijandría en el gobierno de Toledo, para exportar el gas al servicio de los intereses de dos empresas de las que PPK fue asesor antes de servirlos desde el gobierno: Hunt Oil y Tenaris (vinculada a Techint). Lo denunciamos desde el 2004, en este mismo espacio, pero se prestó poca atención. Hoy, que el sur se pone de pie, las cosas comienzan a cambiar. Y si se mantienen la tenacidad y la convicción, podremos recuperar la soberanía perdida, beneficiarnos de nuestros recursos y avanzar a un nuevo proyecto de país que, indefectiblemente, nos planteará la necesidad de una nueva Constitución.

sábado, 7 de agosto de 2010

¿Qué puede hacer el derecho frente a los conflictos sociales?

Promedio (5 votes)
Por: Mirko Lauer
A lo largo del decenio hemos aprendido que movilizaciones como Bagua, ahora último Quillabamba, o los cientos de confrontaciones que las han precedido, corresponden a lo que se llama conflictos focalizados. Sin embargo hay circunstancias que los desfocalizan en cierta medida, como en el caso de los dos choques que mencionamos.
Si hubiera que definirlos someramente: no hay un partido o dirigente de primera línea que asuma la causa a rostro descubierto, no hay una lógica que apunte a lo nacional, no hay un objetivo de largo plazo. En cambio hay mucho fervor, una gestualidad radical, una confluencia por encima de la fragmentación política que luego asoma en las elecciones.
El sueño de la oposición más radical y sin bases organizadas propias ha venido siendo que esos conflictos (siempre hay más de un par de centenares latentes, registra Defensoría del Pueblo) lleguen a constelarse en un gran movimiento nacional. Un putsch a la boliviana o ecuatoriana, o incluso algo así como la gran huelga revolucionaria de los manuales marxistas-leninistas.
No ha sido hasta hoy esa la idea de los movilizados, pero quizás Bagua marcó un viraje: la posibilidad de un liderazgo temático focalizado (indígenas, ecología) capaz de arrinconar a un gobierno elegido. Pero lo que ha quedado de eso ha sido un líder que quiere ser Presidente de la República, una organización dividida, y una palabra amenazante.
Amenazante porque ahora sabemos que hay conflictos donde cierta combinación de elementos puede desatar las iras de poderosas organizaciones internacionales, y retroceder la ficha del gobierno en el mundo globalizado, y a partir de allí en el propio país. Bagua fue un incidente muy costoso, y ha influido mucho en las decisiones posteriores del gobierno.
Quillabamba busca un parecido efecto, con la ventaja de que el gas es un tema de preocupación más difundido e inmediato que la Amazonía. Sin embargo las movilizaciones del Cusco hasta hoy no han logrado ni que Ollanta Humala participe junto con su plana mayor, ni que otras regiones, ni en el sur ni en el norte, asuman la bandera.
Quizás una lección es que la política nacional la hacen las organizaciones nacionales. A pesar de los infaltables membretes, muchos de estos conflictos se remiten a la Fuente ovejuna de Lope de Vega. Lo cual no les impide tener una causa justa en muchos casos, pero sí dice mucho acerca de sus perspectivas.
La política energética de este gobierno puede ser discutida y criticada, por cierto. Pero la política energética del siglo XXI peruano no se puede decidir solo entre Quillabamba y Echarate. Ni puede depender, como da fuertemente la impresión, del acopio de reservistas convertidos en masa de maniobra, ni de las elecciones de octubre próximo.